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Carta al director: La polémica en torno al salario mínimo

Publicado el 18/10/2018

Resulta un tanto cínico e hipócrita alarmar de los costes sociales que puede suponer subir el salario mínimo a 900 €, a todas luces insuficiente para vivir con dignidad, tal y como dice el artículo 35 de nuestra Constitución cuando recoge en su apartado 1 la referencia a  “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus familiares”. 

Cínico e hipócrita porque mientras PP, Cs y Patronal ponen el grito en el cielo por lo que consideran una subida “desproporcionada” no se les conoce una sola queja acerca de las millonarias ayudas a la banca o al rescate de las autopistas en volúmenes de más de 60 mil millones y dos mil millones respectivamente y que hemos pagado todos los españoles con nuestros impuestos. Tampoco hay una referencia a los sobrecostes de las obras públicas, al fraude fiscal o a las cuentas en paraísos fiscales.

Qué decir de los salarios de banqueros y altos ejecutivos. En el primer caso mientras se ha despedido a más de 95 mil profesionales, Ana Botín cobró en 2017, 10,6 millones de €.  Y 23 banqueros cobran 227 millones en pensiones.

102 altos ejecutivos cobran entre unos y dos millones de €. 27 entre dos y tres. 10 entre tres y cuatro y 3 entre cinco  y seis  millones.

La CEOE, se revuelve con advertencias de que la subida a 900 € el salario mínimo, “podría disparar la precariedad laboral.”

Ciudadanos, que en campaña proponía aumentos incluso mayores, ahora lo ve como “un grave perjuicio para la economía”.

Para el señor Casado, la subida del salario mínimo provocará “colas en las empresas”. Todo esto mientras se embolsa 200 mil € brutos al año con un supuesto master fraudulento.

Si los convenios colectivos tienen cada vez menos presencia en las grandes corporaciones, y reconocemos  que la precariedad trajo consigo una pérdida seria del poder adquisitivo de los y las trabajadores/as, justo es reconocer una revisión al alza en un momento de recuperación económica.

Las empresas cuando hacen una oferta de trabajo tienen que considerar un salario acorde con el artículo 35 de nuestra Constitución. Estos costes junto con los que derivan de la contratación-vacaciones, pagas extraordinarias, bajas laborales, etc.- más los impuestos correspondientes y beneficios empresariales serán los que se tengan que aplicar al coste final de la producción.

Un gobierno valiente tiene que tener en su haber, la recuperación de los derechos sociales y laborales perdidos y entre ellos la regulación de los salarios para hacerlos más justos y equitativos.